UNIVERSIDADES Y EDUCACIóN SUPERIOR EN CHILE

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Hasta 1980, la educación superior chilena sólo estaba compuesta por universidades, algunas de las cuales tenían sedes en distintas ciudades del país. Todas ellas contaban con financiamiento público, aunque varias pertenecían a organizaciones privadas.

A partir del año 80, el sistema chileno de educación superior experimentó cambios significativos en cuanto al número y tipo de instituciones de educación superior, al volumen de la matrícula y oferta de carreras, entre otros aspectos. Ello porque un nuevo marco normativo permitió la creación y funcionamiento de instituciones de educación superior privadas sin financiamiento estatal, y dispuso la reestructuración de las universidades estatales existentes a la época, entre otros aspectos.

Producto de ese proceso de reestructuración, las 8 universidades existentes en 1980 se convirtieron en 25 instituciones, mediante la separación de sus sedes. Así, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago) se desvincularon de sus sedes regionales, transformándolas en universidades o en institutos profesionales autónomos, con financiamiento estatal, dependiendo si impartían carreras consideradas universitarias o no. Posteriormente, la Pontificia Universidad Católica de Chile adoptó la misma medida, separándose de sus sedes regionales, las que se convirtieron en universidades católicas independientes (con excepción de Villarrica).

El nuevo marco normativo consideró no sólo a las universidades como instituciones de educación superior, como había sido hasta 1980, sino que además reconoció formalmente dos nuevos tipos de instituciones de educación superior no universitaria: los institutos profesionales y los centros de formación técnica. A partir de ellos, se pretendía descomprimir la creciente demanda por estudios universitarios e incorporar a la formación para el trabajo al sistema de educación formal, que hasta esa época se desarrollaba sin reconocimiento oficial. Más tarde, en el año 98, se reconocieron además como instituciones de educación superior aquellas organizaciones de formación dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y de la Policía de Investigaciones.

Las nuevas instituciones de educación superior no gozaban de autonomía plena, por cuanto debían someterse por un periodo determinado de tiempo a la supervisión externa. Esta limitación era principalmente académica, puesto que -en sus inicios- las nuevas instituciones no estaban habilitadas para otorgar títulos y grados académicos en forma independiente.

Así, las primeras instituciones de educación privada fueron supervisadas a través del sistema de examinación [D.F.L. 1/80 y D.F.L. 5/1980, de Educación], administrado por una universidad examinadora frente a la cual los alumnos de la institución examinada debían rendir sus exámenes finales de asignatura y de grado. También la entidad examinadora debía aprobar los planes y programas de estudio que proyectaba impartir la institución examinada, previo a su aplicación.

El explosivo aumento de instituciones de educación superior en la década del 80 (40 universidades, 80 institutos profesionales, y 190 centros de formación técnica), pusieron una carga excesiva a las instituciones facultadas para actuar como entidades examinadoras. Por su parte, los aranceles cobrados por la examinación constituían una significativa carga económica para las instituciones examinadas. Ello determinó que la regulación se hiciera rápidamente ineficaz.

En ese escenario surge en el año 1990, el Consejo Superior de Educación, organismo público, creado por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), encargado de administrar un nuevo sistema de supervisión de universidades e institutos profesionales privados denominado acreditación (licenciamiento).

Por su parte, la supervisión de los centros de formación técnica quedó radicada en el Ministerio de Educación.

El nuevo sistema de acreditación (licenciamiento) consideró la aprobación del proyecto institucional de la nueva institución de educación superior, lo que le permite obtener el reconocimiento oficial e iniciar actividades, y luego un periodo de verificación del desarrollo del proyecto, tras el cual la institución obtiene su autonomía institucional o se cierra. Este periodo dura entre 6 y 11 años.

El Consejo Superior de Educación asumió esta tarea, con la misión de legitimar el sistema de acreditación en un breve periodo de tiempo. En sus 5 primeros años de funcionamiento, el Consejo recibió 53 instituciones de educación superior provenientes de la examinación, y evaluó 19 nuevos proyectos institucionales, aprobando 10 de ellos.

La gran cantidad de instituciones de educación superior que obtuvieron su autonomía durante la década del 90, hizo necesaria la definición de un sistema que evaluara su calidad con posterioridad a la autonomía, y en definitiva de un marco regulatorio que congregara todos los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Con ese propósito, en 1999, nace la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), con el fin de diseñar y proponer un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior , y de conducir procesos experimentales de acreditación, entendida como la evaluación periódica de la calidad de instituciones de educación superior autónomas. El trabajo de esa Comisión se tradujo en un proyecto de ley que crea un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior, el que se encuentra en discusión en el Congreso.

Actualmente, en nuestro sistema de educación superior coexisten 61 universidades, 44 institutos profesionales y 119 centros de formación técnica que imparten en su conjunto más de 6.000 programas de estudios. Concentran una matrícula total cercana a los 600.000 estudiantes, distribuyéndose 400.000 aproximadamente en las universidades y el resto entre los institutos profesionales (110.000 alumnos aprox) y los centros de formación técnica (65.000 alumnos aprox)

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Fuente: www.cse.cl

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